La Comisión Europea ha instado este jueves a España "a que adopte un enfoque prudente de la mejora del acceso marítimo al puerto de Sevilla y evalúe los posibles efectos negativos en los espacios Natura 2000", en especial en Doñana. La ampliación del dragado del Guadalquivir, que el puerto de Sevilla intenta hacer desde hace más de 15 años para que barcos de mayor calado lleguen hasta la capital andaluza, acumula ya una ristra de reveses dentro y fuera de España.
A principios de mes, el Tribunal Supremo anuló su inclusión en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, con lo que vetó, al menos para un largo periodo, la posibilidad de hacerlo. Los magistrados basaron parte de su sentencia en el informe científico, elaborado por investigadores del CSIC, que alertaba de los daños que esta actuación tendría en el estuario del río y el parque de Doñana.
Bruselas avala también ese informe y apunta a que "el dragado del canal de navegación tendría graves repercusiones negativas en la forma y la biodiversidad del estuario". El puerto de Sevilla ha intentado cuestionar las conclusiones del análisis. Pero no ha tenido éxito. El proyecto —que contaba con financiación europea— está bloqueado.
Ante estas dudas, la Comisión ha recordado al Gobierno español que la directiva sobre hábitats permite que "los proyectos salgan adelante", pese a tener "una evaluación negativa, por razones imperiosas de interés público de primer orden". Pero es "necesaria la aplicación de medidas compensatorias para garantizar que se mantiene la coherencia global de la red Natura 2000". Bruselas cree que España "no ha examinado en detalle el impacto del proyecto o las soluciones alternativas, lo que constituye un requisito básico".
Por ello, ha enviado al Gobierno un dictamen motivado, que España deberá responder en dos meses. El escrito forma parte del proceso de infracción abierto por Bruselas contra el Gobierno por este proyecto. Si la respuesta del Gobierno no es satisfactoria, Bruselas podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. WWF, que en su día llevó este asunto a la Comisión Europea, ha pedido a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que "se abandone oficialmente este proyecto faraónico e ilegal" y se recupere el estuario, cuyo estado es crítico, según el informe del CSIC.
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