Tras su curiosa
intervención en el asunto de la torre Pelli, el papel que viene jugando el
alcalde de Sevilla en la propuesta del dragado del estuario del Guadalquivir,
asunto ajeno al desarrollo de las competencias que le son propias, es como
mínimo descorazonador, y por supuesto ajeno al interés general de los
ciudadanos de este país.
El Club de Doñana no entiende que un juez en excedencia,
se supone que con una sólida formación jurídica, proponga pactos o plataformas que
podrían incumplir directivas europeas, leyes nacionales y autonómicas en vigor,
elaboradas por los respectivos Parlamentos en defensa del interés general, el
bien común y la preservación del patrimonio de TODOS.
Ante
la gravísima situación que sufre la ciudad de Sevilla en lo relativo a su
patrimonio histórico y monumental, y el serio deterioro de la pavimentación,
limpieza de sus calles, zonas verdes, jardines públicos, ordenación del tráfico,
servicios públicos, etc., bien haría en ocuparse el señor Zoido de estas
"pequeñas" cuestiones que le permitieron en su día obtener la Alcaldía, en vez de intentar comprometer
a otras Administraciones públicas a que no cumplan con las disposiciones
recogidas en los diverso textos legislativos.
Quizás ante la incapacidad de poder ocuparse de esas
otras "pequeñas" cosas de la ciudad, compendio de las competencias
que le son propias al Ayuntamiento, y que inciden directamente en la calidad de
vida diaria de sus ciudadanos, se busquen por el alcalde otras batallas ajenas
a sus competencias para distraer a la opinión pública del deterioro evidente
que está sufriendo la ciudad de Sevilla, que no se resuelve litigando con la
Unesco, sino con la Administración estatal y autonómica, que al parecer, sí le
tienen tomada ya la medida al señor Zoido.
Finalmente el Club de Doñana recuerda que la ejecución
del macrodragado del Guadalquivir propuesto incumpliría la Ley de Doñana, las Directivas
europeas de Hábitats, Aves, Aguas e Evaluación Ambiental, amén de vulnerar la
normativa española de Aguas, Biodiversidad, Parques Nacionales y Evaluación Ambiental.
Por todo ello el Club de Doñana concluye que el dragado
del río es jurídicamente inviable, y le pide al Ministro Cañete que deje de
hacer declaraciones políticas contradictorias y que, de una vez, cumpla con sus
obligaciones.
